Nuestro colaborador José Carlos Cutiño, abogado experto en Consumo, aborda el tema educación en el consumo y los interrogantes que suscita: ¿Interesan consumidores inteligentes y formados…? La educación y la formación para el consumo deben estar contemplada desde el seno de la formación reglada o educación para la ciudadanía así como tener los medios necesarios y formación para saber elegir.

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Cuando nuestra consensuada Constitución, como norma fundamental del Estado, incorporaba entre sus principios inspiradores del ordenamiento jurídico la obligación de los poderes públicos de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios (art. 51.2), entre otros derechos como la protección de su salud, su información o sus intereses económicos, no lo hacía de forma retórica, casual ni caprichosa.

Esta formulación, que pone el acento en la formación y la educación de la ciudadanía como mejor herramienta para la protección de sus derechos como consumidores y usuarios, se remonta ya a las primeras referencia a los derechos de los consumidores entre los de tercera generación en la etapa de la postguerra.

A la ciudadanía había que protegerla en este recién concebido papel de actor fundamental en las relaciones de consumo y mercado, así se contenía tanto en el grandilocuente discurso de John Fitzgerald Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos, el 15 de marzo de 1962, como en las posteriores declaraciones emanadas de las Naciones Unidas. Sin embargo en ese primer discurso del líder norteamericano se ponía el énfasis más en la información para poder elegir que en la formación para saber cómo elegir. Esta segunda faceta sí que se desarrolló por las Naciones Unidas como principio general incrustado en sus directrices.

La educación y la formación para el consumo va mucho más allá de tener la información objetiva necesaria para elegir entre los diferentes bienes y servicios que oferta el mercado. Se trata de contar con herramientas que nos permitan desarrollar una conducta inteligente, racional y sostenible en nuestros actos y decisiones de consumo. Decidir cómo y cuándo consumir, y si tenemos que hacerlo o no, conocer nuestros derechos y cómo ejercitarlos para prevenir y combatir los posibles abusos de los que podamos ser objeto. Ese es el objetivo de esa educación que promulga nuestra Constitución y desarrolla poco más la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La realidad es que los esfuerzos para desarrollar esa faceta educativa de los poderes públicos siempre han sido criticables por escasos, no estructurados, planificados ni dotados de excesivos recursos y -aparentemente- poco convencidos. Podemos decir que somos más experimentalmente autodidactas que estratégicamente formados, y habría que preguntarse si, al margen de los esfuerzos bienintencionados de las organizaciones de consumidores y las campañas de corto alcance de las instituciones, alguien ha hecho algo por dotarnos de esas herramientas.

Lo cierto es que el sitio de esta formación debería estar en la enseñanza reglada, entre las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía, y tratadas con el rigor que deben exigir unos conocimientos de los que puede depender buena parte de nuestro bienestar futuro y nuestra calidad de vida, en un entorno en el que de continuo realizamos actos de consumo en los que, demasiadas veces, no cumplimos nuestras expectativas, no encontramos la satisfacción prometida o, simplemente, nos toman el pelo por nuestra temeraria ignorancia.

Años hace que las organizaciones representativas vienen pidiendo afrontar esta necesidad con la seriedad necesaria, pero –siendo más realista que ingenuo- más parece una predicación en el desierto que una realidad de futuro. Mientras tanto, el voluntarismo y el esfuerzo privado parecen ser imprescindibles para suplir la sequía institucional, y es que… en el fondo, ¿interesan consumidores inteligentes y formados…?

José Carlos Cutiño