El siguiente artículo está escrito por nuestro colaborador José Carlos Cutiño, abogado experto en Consumo.

No suele resultar sencillo iniciar un artículo con un interrogante, por cuanto el articulista se expone a dejar la pregunta sin respuesta y “estafar” al lector. Sin embargo, en este caso resultaría tan sencillo contestar que casi no procede atribuir mérito alguno al redactor.

¿Por qué se torna tan necesaria la educación financiera? Y, ¿Por qué ponemos tanto énfasis en la educación financiera en estos momentos?

Sin duda, porque en nuestra sociedad ha calado, de manera creciente, la idea de que el ciudadano –en nuestro contexto jurídico y constitucional de derechos- no puede quedar ni impasible ni desprotegido frente a los usos y abusos que se han venido produciendo en las relaciones financieras en las últimas décadas.

En ese contexto de definición de derechos que establece, de forma clara, la protección de los derechos e intereses económicos de la ciudadanía, a la vez que su derecho a la formación e información sobre los mismos, la formación e información sobre aquellos que atañen a las relaciones del usuario con las entidades financieras que soportan actividades y servicios que resultan esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, se torna prioritaria y casi imprescindible.

Tener un conocimiento básico sobre los productos financieros más elementales, tales como cuentas bancarias, créditos, inversiones de futuro, seguros de vida, hogar o circulación, sin los cuales es difícil concebir el desenvolvimiento de nuestras relaciones económicas y sociales comunes, debería de ser obligado como mecanismo preventivo en la toma de estas.

Esto se torna más evidente a la vista de los excesos que, desde los operadores financieros, se han venido poniendo de manifiesto a lo largo de los últimos años, no porque sean novedosos en demasía, sino porque los propios tribunales españoles y europeos han venido calificando como abusivas condiciones y prácticas habituales de dichos operadores: intereses de usurarios, falta de transparencia en tarjetas revolving y créditos, cláusulas suelo, redondeos en intereses, vencimientos anticipados, repercusión de gastos hipotecarios, comisiones de descubierto, colocación de participaciones preferentes, bonos convertibles o acciones de entidades con grave riesgo para los inversores, etc., etc., etc….

Un rosario de malas prácticas alentadas por la mansa convicción de los usuarios de que eso era así, y que las condiciones de los contratos son lentejas, que si quieres las comes, y si no… La constancia de la habitualidad de estas prácticas y la posición de dominio de estos grandes operadores económicos, como factores demoledores que hay que asumir ab initio, no quita el hecho de que una adecuada formación del usuario sin duda minimizaría la capacidad de los anteriores de someter al mercado.

Pero es que, a ello, hay que sumarle la ausencia de otros mecanismos eficaces de protección, bien por omisión –la inacción del Banco de España frente a esos abusos es históricamente proverbial- bien porque su propia naturaleza conlleva la reticencia de la ciudadanía a perder tiempo y dinero en la defensa de sus derechos, caso de los tribunales de Justicia. De hecho, el organismo regulador, raramente ha hecho uso de su potestad de sancionar a las entidades financieras por incumplimientos obvios de la normativa en materia de protección de los usuarios de servicios bancarios y de crédito, mientras que nuestro Alto Tribunal no cesa en sus bandazos jurisprudenciales con posiciones cada vez más permisivas para con la banca, pese a la claridad y contundencia de las instancias judiciales europeas en la defensa de los consumidores.

En este contexto, es evidente que la educación y la formación no van a ser la panacea en un combate habitualmente desequilibrado en exceso, pero desde luego supone un arma de gran calado en la contratación, en la exigencia de derechos y en la decisión de acudir a las instancias que procedan en caso de vulneración de los mismos.

Llegado a este punto, resulta sospechoso que nuestro sistema educativo no prevea mecanismos para formar a las nuevas generaciones sobre unas relaciones ineludibles, que van a ser permanentes y perennes a lo largo de su existencia. Habría que preguntarse si –en el fondo- no es más interesante para las fuerzas fácticas de nuestro mercado el escenario de un consumidor ignorante, manejable y sumiso, antes que otro formado, informado, reivindicativo y consciente del valor de tratar con entidades responsables, transparentes y éticas en el desarrollo de una relaciones comerciales más equilibradas.

La respuesta es tan obvia como las excusas que encontraríamos en cualquier responsable público de que esto fuera realmente así. Es por ello que todas las iniciativas objetivas e imparciales tendentes a paliar esa falta de educación ciudadana sobre sus relaciones financieras tenga que ser considerado digno de valoración, incluso las que provienen de los propios operadores interesados, ya que todo suma, aunque en ocasiones suene más al zorro al cuidado de las gallinas.

José Carlos Cutiño

Abogado Experto en Consumo