Si les digo que tres cuartas partes de la actividad de mi bufete se refiere a litigios de clientes con entidades financieras, probablemente me quede corto. La gran crisis bancaria de 2008 encumbró a dichas entidades al dudoso honor del podio de sectores más reclamados por parte de los consumidores y usuarios, con un abanico de abusos e irregularidades que abarcaba, desde las inevitables cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios (suelo, gastos, IRPH, redondeo, vinculaciones, intereses de demora, etc.), pasando por las comisiones (descubierto, administración, correo, cajeros…), tarjetas revolving de interés usurario y deuda perpetua, y hasta la colocación de todo tipo de productos tóxicos a clientes sin perfil de inversor (participaciones preferentes, swaps, bonos o fondos de alto riesgo entre los más habituales). 

Todo un museo de los horrores que, si algo ha puesto de manifiesto, es que no ha habido filtros ni supervisión para limitar la capacidad de unos bancos cuya misión -obviamente y por más que lo pregonen sus políticas de RSC- no ha sido, es, ni será, el bienestar de sus clientes, convertidos en reses de ordeño a las que hay que exprimir hasta el límite de lo que los juzgados consientan, sino ofrecer los más suculentos dividendos a sus accionistas…. Y, probablemente, hacen bien, siempre que sea dentro de los límites que la legislación y la Justicia impone.

Quienes tenían que velar por evitar estos excesos, sea el organismo regulador -el Banco de España– o los órganos judiciales en sus más altas instancias, se han mostrado tibios al respecto. De hecho, el Banco de España difícilmente ejerce su potestad sancionadora sobre la perseverancia de las entidades en incumplir las resoluciones “no vinculantes” de este organismo, lo que convierte su función en fácticamente inútil y carente de la más mínima capacidad coercitiva. Respecto del Tribunal Supremo, sus últimas decisiones en relación a la atribución de gastos hipotecarios -con especial mención al bochorno del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados- o el IRPH, y los sucesivos varapalos recibidos de la Justicia Europea, ponen en duda el equilibrio de su doctrina, bastante errática y contradictoria en sus decisiones sobre la abusividad de numerosas prácticas.

Con este escenario, lanzar al ciudadano a pelearse en solitario con las entidades financieras, con unos mínimos conocimientos -tanto sobre sus derechos como sobre las complejidades económicas y jurídicas del sector-, con contratos de adhesión desequilibrados y de una tremenda complejidad (amén del tamaño de sus letras), y frente a operadores de venta tremendamente agresivos y condicionados por sus objetivos e incentivos, es una absoluta temeridad que alimenta la hoguera de esa conflictividad ratificada por los datos.

En ese entorno, habiéndose convertido la operativa bancaria y financiera en un factor esencial de nuestras vidas y grave condicionante de nuestro bienestar futuro, la educación de la ciudadanía en este ámbito, desde la formación básica, se convierte en una necesidad prioritaria para crear un sustrato de consumidores informados, formados, críticos y con capacidad de elección y decisión para evitar los abusos.

Formar e informar a la ciudadanía para que conozca los productos más elementales en materia de depósitos, ahorro, medios de pago, créditos o seguros, así como de sus derechos como usuarios de esos bienes y servicios, es fundamental para la vida cotidiana, y parece mentira que nuestro currículo educativo, transcurridos casi cuarenta años de que la Ley general de Defensa de los Consumidores y Usuarios estableciera el derecho de los mismos a la educación, formación, información y protección de sus intereses como tales, no haya tenido en cuenta esta evidente necesidad.

Hasta ahora, la ciudadanía ha aprendido solo de lo que le ha transmitido el asociacionismo de consumo, adalid en los tribunales y en los medios de comunicación de la defensa de estos derechos frente a las entidades financieras, y de los palos recibidos, que han sido muchos, variados, dolorosos y costosos… pero es obvio que no es suficiente.

En el Día de la Educación Financiera, hay que reivindicar la importancia de esta disciplina para la vida inteligente en nuestra Sociedad de Consumo y libre mercado, una formación que no puede quedar en manos de lobos al cuidado de las gallinas. Y en ello deben involucrarse tanto los poderes públicos como el conjunto de los agentes económicos y sociales, todos afectados por las prácticas del sector.

Y en ello estamos…

Artículo íntegro de José Carlos Cutiño. 

Abogado Especialista en Consumo.