Hoy compartimos la visión de Fran González, pedagogo y colaborador de Educando Seguro sobre la actual «Ley Celaá».
No es el momento, en la actual circunstancia sociosanitaria, donde el profesorado y los centros educativos están dando todas sus energías por atender adecuadamente al alumnado y su salud integral. Una pregunta me surge en este contexto pandémico: ¿Para qué ahora una maniobra distractiva de la importante labor sociocomunitaria y de conciliación que están desarrollando los centros educativos?
La Ley Celaá está diseñada por políticos
No es el momento, ni son las formas. A esta ministra, su propia Ley le ha venido impuesta por prescripción ideológica. El gobierno le tiene que mantener contentos a sus socios para poder seguir sentados en la Moncloa. La ley está redactada sin un análisis diagnóstico de la realidad del sector, sin una revisión de la situación actual socioeducativa, sin una evaluación de cómo se ha implementado la actual ley vigente en los años que lleva en desarrollo. La ley Celaá parte de estereotipos arcaicos. Cuando lo normal sería buscar un consenso con los agentes implicados en el proceso educativo, es decir, la comunidad educativa, el profesorado, los equipos directivos, las familias y los agentes sociales, la Ley está diseñada por políticos. Por eso, lo peor de la Ley Celaá es que no ha dialogado de nada con nadie y no ha consensuado nada con nadie.
El profesorado está harto de tantos cambios normativos que le impiden centrase en lo verdaderamente importante, que es la atención educativa.
Y claro, nadie está contento; insisto, nadie, ni siquiera la propia Celaá. Ella sabe que su Ley es anticonstitucional, lo sabe. Por dos motivos básicos: el primero, de derecho fundamental, porque obvia el artículo 27 de la Constitución sobre libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas.
El segundo se refiere al artículo 3 sobre el deber y el derecho de conocer y usar la lengua oficial del estado que es el castellano. Por tanto, los cambios que propone la Ley Celaá no responden a ningún análisis situacional diagnóstico, pero tampoco responden a demanda social de nadie.
Una Ley Orgánica tiene que ser estable y exenta de partidismo
La inestabilidad resta calidad. El profesorado está harto de tantos cambios normativos que le impiden centrase en lo verdaderamente importante, que es la atención educativa. Los docentes necesitan unos criterios y normativa que les permita ahondar en las estrategias eficaces en materia de educación integral del alumnado y no estar siempre empezando, cada vez que hay un cambio de signo político en el gobierno.
Un Estado que cuida la educación, se está cuidando a sí mismo, su futuro, su desarrollo profesional y económico, su propia convivencia. Porque la educación es patrimonio universal y como tal hay que mimarlo. Sería posible aceptar que la Giralda, por ejemplo, se deteriorara tanto sin cuidarla que se fuera agrietando y derrumbando sola sin cuidados, y, además, las intervenciones de restauración que se hicieran las ejecutara un personal no experto. Sería inaceptable porque ese monumento es patrimonio universal, lo queremos, lo cuidamos y, además, genera empleo e identidad cultural.
¿Para cuándo una Ley de Educación que deje claros y estables los parámetros pedagógicos y curriculares para todo el alumnado, potenciando las fortalezas y compensando lo necesario según la situación socioeconómica donde esté ubicado cada centro? ¿Para cuándo una Ley que permitan la iniciativa privada sin contraposiciones a la pública, en armónica complementariedad, atendiendo a la demanda social, como pasa en los países de nuestro entorno?
Necesitamos una Ley que reconozca que el profesorado es autoridad social. Estamos viendo en la actual coyuntura sociosanitaria cómo el profesorado y los centros escolares siguen desarrollando su cometido adaptando lo necesario para que no se vea mermado el fin último y el sentido educativo de la escuela, que es la promoción humana integral, que es la incorporación cultural de las nuevas generaciones y la transformación con espíritu crítico y constructivo de la sociedad.
Celaá y demás políticos, vamos a ponernos de acuerdo y dejadnos trabajar, por favor.